En la antesala de la campaña electoral, con elecciones previstas para el próximo mes de marzo, algunos gobernantes han iniciado una campaña de promesas económicas a la ciudadanía, sin otro motivo que ganar votos. Que si tantos euros por bebé nacido, pisos subvencionados a los jóvenes sin recursos, “gratis total” a los niños con problemas bucales, o reducción de tal o cual impuesto. Esta práctica creo que puede calificarse, como mínimo, de vergonzosa. Otra cosa sería si los políticos pusieran dinero de su bolsillo para atraer votos, pero todas las promesas con las que estos días se llenan la boca, es en base a que las sufrague el de siempre, es decir, el ciudadano de a pie. ¡Como si ya no tuviérmos bastante con nuestros problemas para pagar hipotecas, llegar a fin de mes o de ver cómo el coste de la vida crece más deprisa que nuestros sueldos!
En este terreno, los políticos se portan como verdaderos irresponsables. Estas alegrías de carácter electoral siempre las paga el mismo, que es el españolito corriente.
De otro lado, mientras la pyme o gran empresa deben reducir plantillas para sobrevivir, ajustar los gastos al milímetro y se las ven y se las desean para progresar y crecer, resulta que las administraciones públicas -las locales, autonómicas y central, inflan las nóminas de funcionarios y hoy ya suman 2,5 millones el total de empleados públicos, frente a 2,2 millones en 1998, según datos del Ministerio de Administraciones Públicas. Estos números están creciendo ahora, aumentaron en época de Aznar y lo mismo ocurrió cuando gobernaba Felipe González.
Sin olvidar que cualquier político de medio pelo presume de chofer, coche oficial, escoltas, tarjetas de crédito y suntuosos despachos que, repito, pagamos entre todos los que no estamos subidos al momio. El despilfarro crece de año en año, en paralelo a la presión tributaria. Viven ellos en su mundo que no es el de los ciudadanos normales y de ahí que lancen con tanta alegría como inconsciencia ofertas y regalos que no han pensado nunca en pagar de su bolsillo.
A todo esto, cabe añadir la actuación de algunos gobernantes irresponsables, con declaraciones que perjudican gravemente a sectores económicos concretos o con actuaciones que pasan de defender los intereses de determinadas compañías españolas inversoras en el extranjero. Los casos del cava con el lenguaraz Carod-Rovira o de Repsol-YPF con el actual ministro de Industria son ilustrativos. Cada día conozco nuevos empresarios catalanes que para vender en el resto de España han decidido transmutar sus orígenes geográficos en base a interponer filiales o delegaciones situadas en Valencia, Madrid o Andalucía, que todo vale para no perder ventas.
