La frase incendiaria la pronunció el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, el jueves 24 de febrero en el Parlamento catalán: “Ustedes tienen un problema, y ese problema se llama 3 por ciento”. A partir de ese momento políticos, periodistas y Justicia, todos se han puesto manos a la obra para desacreditar, atacar, defenderse, denunciar o iniciar diligencias, en este tema embrollado, sucio e ilegal. Muchos se han preguntado si realmente existen o no las comisiones. E incluso el expresidente Jordi Pujol se quejaba en una declaración suscrita el lunes 28 de febrero que “desde los más altos niveles se formulen públicamente acusaciones muy graves, sin pruebas”.
Voy a aportar mi granito de arena a esta cuestión, diciendo de entrada, que sí ha existido durante muchos años y existe hoy, la práctica del soborno en la construcción. Lo que ocurre es que no se dejan rastros de esta conducta ilícita, ni por parte del dador, ni del receptor. Porque todos actúan fuera de la ley. Tengo amigos constructores, varios, que coinciden al contarme la realidad sobre este tema y que ya hace tres años me llevaron a escribir en esta tercera de Fomento de la Producción lo que sigue:
“Existe un punto en el quehacer de la construcción catalana que puede dejar perplejo a más de uno. Se trata de que los empresarios de esta comunidad autónoma dan como cosa natural, como una partida más a incluir en el capítulo de costos, el apartado de los sobornos. Hablando con ellos, comentan con normalidad que a la hora de licitar una obra pública, lo corriente es que tengan que pagar un plus bajo mano para conseguirla. Partidos políticos, Ayuntamientos y organismos públicos de diversa índole, ofrecen la mano, no para estrecharla, sino para ver cuánto dinero cae, como condición sine qua non para que el concurso público llegue a buen término. Son las reglas del juego, admitidas por todos, que permiten que la actividad constructora siga gozando de la normalidad actual, con rentabilidades apropiadas, ritmos de crecimiento envidiables y ocupación plena. Un día u otro habrá que acabar con este estado de cosas, pero ¿quién se atreve a ponerle el cascabel al gato?”
La denuncia la hice en marzo de 2002 y en ella quedaban implicados entidades públicas gobernadas por cualquier partido político del arco parlamentario, ya sea Convergencia, socialistas, Esquerra, Iniciativa o PP. Todos están en el saco. Todos cobran bajo mano si la ocasión permite no dejar rastro y todos consideran las licitaciones de obra como una buena fuente de recaudación extra. De modo que el 3 por ciento —que en muchos casos es una cifra superior— se la puede aplicar Pujol a su faltriquera, al igual que Clos, Mas o Maragall o cualquier otro líder de la política catalana. Lo que ocurre es que lo hablado por un constructor a su amigo periodista, no creo que sea capaz de repetirlo al juez competente.
Y lo dicho para Cataluña, vale igualmente para otras áreas españolas. Recordaré al respecto los bochornosos sucesos vividos en el verano de 2003 en la Comunidad de Madrid, con innumerables cruces de denuncias de sobornos también relacionados con el sector de la construcción. Entonces algún constructor madrileño afirmaba en sus círculos próximos que “por muy honestos que seamos, tenemos a nuestro cargo plantillas de cien, doscientas o quinientas personas, a las que a fin de mes hemos de pagar la mensualidad, y con el negocio no se puede jugar”.
En definitiva, los sectores constructor e inmobiliario mueven en toda España cantidades fabulosas de miles de millones de euros, crecen a velocidad de vértigo y, guste o no, destinan unas migajas a practicar el soborno que todos los partidos políticos aceptan sin rubor. Sobran billetes y falta vergüenza. Pero repito, ¿quién se atreve a ponerle el cascabel al gato?
