Grand Tibidabo y la Agencia Tributaria

La historia económica barcelonesa ha conocido una situación esperpéntica más estos días, debido al desarrollo de los acontecimientos que envuelven la situación de Grand Tibidabo y que ha incluido la celebración de tres o cuatro juntas de accionistas en diez días, el autonombramiento de un nuevo consejo no reconocido por el consejo de administración en vigor, y la multiplicación de líos judiciales y denuncias por prevaricación y querellas.

El núcleo de la cuestión estriba en que hay dos bandos enfrentados, uno empeñado por la liquidación de la compañía al frente del cual aparece el conocido liquidador de empresas José Azemar y el otro que camina en sentido contrario, y que pretende recuperar activos suficientes para pagar a todos los acreedores con un remanente además para los accionistas; está liderado por el actual consejo que preside José María Carswell, y que incluye a los abogados Javier Bruna, Juan Carlos Quintero, Javier Esplá y Luis Miralbell, junto con el economista Manuel Matías. La deuda con los acreedores (la Agencia Tributaria representa el 80 por ciento del total) asciende a unos 36 millones de euros y en la caja de la empresa hay 12 millones. Por lo tanto, si se va a una liquidación, solo habrá dinero para pagar una parte de la deuda, mientras que si se sigue el proceso de recuperación de activos, la verdad es que la posibilidad de cobrar es mucho mayor, pues los que hay en juego son ciertamente importantes según la siguiente relación, de acuerdo con el establecimiento de la fecha de retroacción al año 1996, término este que no está en discusión:

• Marina Barcelona 92, que es una concesión dedicada al mantenimiento de grandes yates, especialización de la que es uno de los pocos ejemplos a nivel mundial.
• Unos 7 millones de euros procedentes de la Seguridad Social, como diferencia entre lo que pagó y cobró el citado organismo por la operación de venta del parque de atracciones del Tibidabo.
• La Caixa debe a Grand Tibidabo 0,6 millones de euros, cantidad que la propia entidad ha reconocido adeudar.
• Diversos inmuebles en Dos Hermanas (Sevilla).
• La participación de Grand Tibidabo en la empresa Diset.
• La participación en Marina Port Vell, cuyo negocio es el amarre de yates.
• Edificio en Paseo de Gracia-Provenza.
• Terrenos en Pedro IV, entre otros.

Y si se consigue la retroacción de la quiebra para 1994 en lugar de 1996, entonces entrarían en la masa de activos Port Aventura y bienes de Guadalmina.

Dicho todo esto, ¿qué explicación tiene que existan dos grupos enfrentados, unos a favor de una cosa y otros en contra? Aparentemente, a los accionistas les interesa la postura del bando que aboga por la recuperación de activos, porque así hay probabilidades altas de cobrar algo. Y la otra parte, ¿qué pinta? Quizá vale la pena analizar quiénes son los beneficiarios caso de triunfar la postura de la liquidación, que parece claro pueden ser los siguientes:

• Javier de la Rosa, porque si la compañía desaparece, el día que se celebre el juicio pendiente por la decapitalización de Grand Tibidabo, operación de la que el primer imputado es de la Rosa, el fiscal se quedará solo.
• Rosa Tejedo, Javier Pinto y Rafael Espino. Son los integrantes del consejo de administración de Grand Tibidabo que "perdonó" a Javier de la Rosa todos sus pecados.
• La Caixa, porque en caso de liquidación de Grand Tibidabo, nadie le podrá reclamar Port Aventura y la deuda de 0'6 millones de euros que tiene contraida con la empresa, además de otra cantidad superior que el consejo de Carswell dice acreditar.
• Una serie de personajes que se han llevado los activos de Grand Tibidabo, como son Marina Barcelona 92, Diset y los bienes de Guadalmina y Dos Hermanas, entre otros.

Dicho todo esto, tiene su explicación la aparición de esperpénticos personajes como es el caso de José Azemar, conocido testaferro de procedimientos de liquidación concursal de empresas, cuya operación de compra de acciones de GT ha sido declarada nula por el Juzgado número 49. ¿Cómo se entiende que Azemar estuviera interesado en entrar en una empresa, para liquidarla inmediatamente? ¿Qué beneficio le reporta? Pues ninguno, al contrario, salvo que actúe por nombre de alguien. Azemar hace ahora lo que ha venido practicando Rosa Tejedo y su equipo durante años, que dicen actuar en nombre o en defensa del accionista de GT, pero es evidente que perjudican gravemente sus intereses, en beneficio de los intereses de otros, como pueden ser Javier de la Rosa.

Llegados a este punto, es clave la actuación de la Agencia Tributaria, que es el principal acreedor de Grand Tibidabo. Su última determinación es solicitar el cese de los síndicos y ahora el juez ha de decidir si lo hace directamente o convoca una junta que deberá acordar el cambio a petición del primer acreedor. De esta forma, entrarían unos nuevos síndicos puestos por la Agencia Tributaria, organismo que ya se ha significado en su postura favorable a la recuperación de activos. La importancia del hecho estriba en que los síndicos actuales Manuel Hernández y Pau Vila, se han manifestado contrarios al proceso de recuperación de activos. El cambio, en definitiva, permitiría ver por fin la salida del túnel y encauzar una situación que entre Tejedo, Azemar, Espino, Hernández y Vila, entre otros, mantenían bloqueada en perjuicio de acreedores y accionistas.